SUIZA VOTARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA IDENTIDAD DIGITAL

A finales de septiembre, la ciudadanía suiza podrá decidir si acepta la implementación de una identidad digital. La propuesta cuenta con una amplia aprobación, pero también tiene detractores que apelan a riesgos en la seguridad.

El próximo 28 de septiembre, se realizará en Suiza una votación nacional en la que, entre otras materias, la ciudadanía decidirá si aprueba la Ley de Servicios de Identificación Electrónica (e-ID). Ese día hay dos asuntos en la papeleta, pero el debate central se ha concentrado en la e-ID, una credencial digital propuesta para modernizar la interacción con el Estado y con empresas privadas.

Esta identificación digital será un medio oficial de identificación emitido por el estado: gratuito, opcional y complementario al documento físico. El gobierno operaría la “infraestructura de confianza” y proporcionaría una app para gestionar la credencial con altos estándares de seguridad y protección de datos. Según la información oficial, su objetivo es facilitar trámites seguros y eficientes, tanto en línea como presenciales.

La consulta llega a las urnas porque se activó un referéndum facultativo contra la ley, mecanismo que permite a la ciudadanía impugnar una norma aprobada por el Parlamento y exigir que se someta a voto popular. El Consejo Federal y el Parlamento recomiendan aprobarla. Para orientar a los electores, las autoridades difundieron un cuadernillo explicativo con los argumentos de ambas partes y con detalles prácticos sobre cómo votar.

Entre los argumentos a favor se encuentra que un documento de identidad electrónico ayudaría a Suiza a mantener el ritmo de la digitalización, haría al Estado más eficiente al simplificar trámites y reducir cargas para las personas y, al estar desarrollado en el país, reforzaría la autonomía e independencia nacional.

Por otro lado, los que están en contra advierten que la e-ID podría no ser suficientemente segura ni proteger bien la privacidad, que generaría volúmenes sensibles de datos con riesgos de uso indebido o vigilancia, y que la ley no garantiza de forma absoluta que su uso siga siendo siempre voluntario.

“Hay casos concretos que demuestran que la digitalización beneficia a la ciudadanía. Un ejemplo claro es Estonia, donde el 99 % de los trámites puede realizarse de manera digital y se estima que este mecanismo ahorra cinco días al año a cada habitante”, comenta Felipe Lorca, Gerente General de EVoting.

Cabe destacar que en 2021 también se votó para su implementación, pero los votantes rechazaron la medida, principalmente porque iba a ser emitida por empresas privadas.